Las previsiones para el curso 2014-2015, en principio, deben tener en cuenta las matriculaciones de junio y las que en septiembre se puedan hacer y no todos los Equipos Directivos hacen bien los cálculos.

Desde APPRECE-A aconsejamos que quienes tengan dudas sobre las previsiones que hagan lo siguiente:

1. Le comuniquen las dudas al Delegado de APPRECE-A en su provincia.

2. Si pueden hablar con algún miembro del Equipo Directivo pregunten cómo han autorizado esas horas...y dejen constancia de que se va a pedir una revisión de las mismas.

3. Que en septiembre tengan que autorizar nuevas horas crea más problemas que el que las horas autorizadas en el mes de julio no tengan en cuenta las matriculaciones de septiembre.

                       Andalucía, 25 de julio de 2014

PROFESORADO DE RELIGIÓN DE SECUNDARIA:

Está actualizado el reparto de las competencias en la Orden de 15 de enero de 2014, que adjuntamos a esta información, afectándole toda esta normativa al Profesorado de Religión de Secundaria, ya que depende de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a todos los efectos.

PROFESORADO DE RELIGIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA:

Entendemos que, aunque su dependencia es todavía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, algunos permisos y  licencias que dependen de los Directores de los Centros, según la Orden de 15 de enero de 2014, se la deben dar ellos:

Para ser beneficiario de una pensión contributiva, los cotizantes a tiempo parcial ya no necesitan acreditar el equivalente a 15 años trabajados a jornada completa.

El Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y que contempla que se flexibilice el requisito del período de carencia de 15 años para ser beneficiario de una pensión contributiva, de tal manera que ya no es necesario acreditar el equivalente a 15 años trabajados a jornada completa, lo que implicaba cotizar durante muchos más años a jornada parcial para cumplirlo.

La nueva regulación corrige el modelo actual existente para acreditar los períodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las diferentes prestaciones del sistema de Seguridad Social, conforme a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la nueva regulación de la cotización de los trabajadores a tiempo parcial "mejorará las prestaciones sociales de más de 2,5 millones de personas".

Sin embargo, los partidos de la oposición en el Congreso han criticado al Gobierno por "fulminar" el acuerdo que había alcanzado con agentes sociales y partidos políticos en torno a la reforma del sistema de acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial al presentar un decreto "cajón de sastre" que incluye normativas muy variadas, lo que impedirá la unanimidad que se podía haber logrado en la votación.

Aunque, eso sí, todas las formaciones de la oposición que han intervenido en el Pleno de la Cámara Baja han reconocido que la solución acordada para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión por parte de los empleados a tiempo parcial es "razonable".

El Profesorado de Religión que ha tenido que cotizar a TIEMPO PARCIAL, por carecer de contrato a jornada completa, es uno de los colectivos que se van a ver beneficiados con esta nueva regulación de la cotización a tiempo parcial.

¡Enhorabuena a todos, porque a todos va a beneficiar la medida¡

Andalucía, 13 de septiembre de 2013

1. En archivo adjunto acompañamos la notificación a APPRECE en cuya Diligencia se comunica que la Sentencia de los Autos Nº 379/2012, sobre CONFLICTO COLECTIVO, interpuesto por USO y en el que se personó APPRECE y luego se personó CSIF, al no haberla recurrido el Ministerio de Educación, ha adquirido firmeza y, a partir de ahora, ya podemos hablar de su ejecución por parte del Ministerio de Educación.

2. La Sentencia de la Audiencia Nacional defiende el derecho al reconocimiento de la antigüedad y cobro de trienios al Profesorado de Religión, dependiente del Ministerio de Educación. Gracias al Ministerio de Educación, que, al no haberla recurrido ante el Tribunal Supremo, permite la agilización del tema del cobro de los trienios, desde enero de 1999 en adelante, y, para los años anteriores al 1-1-1999, que interesan de forma especial, la Sentencia va a posibilitar la negociación para acordar un procedimiento administrativo, que permita solucionar un problema que viene arrastrando desde hace bastantes años una gran parte del colectivo.

3. La Sentencia de la Audiencia Nacional da la razón a D. Jaime Rodriguez de Rivera y Sanz, Subdirector General de Personal del Ministerio de Educación, que, valiéndose de su cargo hizo un estudio concluyendo que al Profesorado de Religión se le tenían que abonar los trienios, igual que al resto de los empleados públicos. Y, a partir del año 1999, de oficio, han venido pagándole los trienios y continúan, hasta que unas Sentencias del Tribunal Supremo, referidas al Profesorado de Religión de la Comunidad de Madrid, resuelven que el profesorado de religión, dependiente de la Comunidad de Madrid, no tiene derecho al cobro de los trienios. Y es cuando el Ministerio de Educación, a la luz de esas sentencias del Tribunal Supremo, se tiene que replantear el marco legal en el que se tiene que apoyar para justificar el pago de los trienios que venía abonando.

4. La Certificación de D. Jaime Rodríguez de Rivera y Sanz, enviada a la Audiencia Nacional, en la que dice expresamente que el Ministerio tiene excluido al Profesorado de Religión del complemento por antigüedad,  ha dado pie a la Sentencia y, el haber renunciado al recurso ante el Tribunal Supremo, es otro gesto, que en justicia tiene que reconocerle todo el Profesorado de Religión de Infantil y Primaria, dependiente del Ministerio.

5. Al sindicato que interpuso la demanda de Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional, por una parte, hay que reconocerle su buena voluntad por querer servir al colectivo. Pero, por otra, quien estudie a fondo la demanda, tendrá que aceptar que implicar a las Delegaciones DIOCESANAS en este tema que es puramente laboral, pudo dar pie para que la demanda sobre Conflicto Colectivo acabara "como el rosario de la aurora".

6. La intervención a tiempo para que las Delegaciones Diocesanas permanecieran al margen de un tema laboral, muy complejo, además, en los años anteriores al 1 de enero de 1999, ha permitido que el procedimiento se encausara correctamente con el resultado positivo, que va a obligar a resolver legalmente la inclusíón del complemento de antigüedad en las retribuciones del Profesorado de Religion, dependiente del Ministerio de Educación, porque los trienios, junto con el sueldo, forman parte de las retribuciones básicas.

7. Es el colectivo el que tiene que alegrarse de que lo hecho hasta aqui haya salido bien. Y los sindicatos que hemos participado en este procedimiento hemos hecho lo que debemos. Montar campañas del "medalleo" es la mejor prueba de que hay quien busca servirse del profesorado de religión, en lugar de prestarle un servicio.

8. Y va a ser en la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional donde los sindicatos vamos a demostrar si es verdad que lo que queremos es lo mejor para el colectivo. Pensar en "judicializar" otra vez los trienios, a través de sus asesores juridicos, con "demandas individuales", va a ser la "prueba del algodón", ya que la pregunta brota espontánea: ¿Para qué están entonces los Comités de Empresa del Profesorado de Religión de Infantil y Primaria, si no es para negociar con el Ministerio los intereses y reivindicaciones de mejoras del colectivo y, en este caso, la ejecución de esta Sentencia?.

Como el colectivo dispone ya de órganos de representación y de negociación, elegidos democráticamente por los propios Profesores de Religión, que son los Comités de Empresa, es a través de estos órganos como tiene que canalizarse todo lo que haya que hacer para el reconocimiento definitivo del complemento de antigüedad a este grupo humano y profesional.

9. La provincia de Córdoba carecía de Comité de Empresa del Profesorado de Religión de Infantil y Primaria. El que no existiera un Comité de Empresa en las 8 provincias, puede "justificar" ciertas prácticas sindicales "individualistas". Pero ya no procede. Desde el pasado día 29  de mayo ya tiene Córdoba constituido su Comité de Empresa y se abre una senda por la que los 8 Comités de Empresa, donde están representados diferentes sindicatos, tienen que trabajar unidos, aportando cada uno su saber y experiencia, para prestar de verdad un servicio al colectivo, porque para eso han sido elegidos.

                            Andalucía, 6 de junio de 2013

1. Mediante Resolución de 7 de octubre de 2008 la Consejería de Educación reconoció al personal laboral que presta servicios en los centros docentes públicos dependientes de la Administración educativa andaluza, impartiendo la enseñanza de la religión católica, el derecho a percibir trienios, con efectos retributivos desde la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

2. Mediante la Resolución que adjuntamos con esta información se le reconoce al personal laboral temporal que imparte la enseñanza de la religión católica en los centros públicos docentes del ámbito de la administración educativa andaluza, en razón de la incidencia temporal de sus nombramientos, se le abonan dichos trienios teniendo en cuenta los servicios prestados en cada curso académico, por lo que procede reconocer a dicho personal los trienios actualizados a fecha 30 de junio de 2012.

3. La Resolución de 6 de julio "actualiza, a efectos de trienios, los servicios prestados por el profesorado de religión de SECUNDARIA que tiene contrato temporal, publica en un Anexo la relación de los 31 profesores afectados, indicando que la liquidación de los trienios actualizados por la Resolución tendrá los efectos que procedan y se abonarán, a partir del 1 de julio de 2012.

4. Y dispone también que si estos profesores de religión han prestado otros servicios no inscritos en el sistema integrado de recursos humanos de la Consejería de Educación, podrá presentar solicitudes a tal objeto, aportando la documentación legalmente exigida y, a la vista de las solicitudes, la Administración educativa procederá a la actualización de los datos administrativos y económicos que resulten, con los efectos que procedan.

5. En Andalucía, por tanto, existe la BASE LEGAL por la que el profesorado de religión, tanto indefinido como temporal, tiene reconocido el derecho al cobro de trienios o complemento de antigüedad.

6. El Ministerio de Educación tiene que dictar la BASE LEGAL por la que al profesorado de infantil y primaria de Andalucía (y de las otras Autonomías donde están pendientes las transferencias) se le reconozca el derecho al cobro de trienios.

7. Los sindicatos que se han llevado años judicializando el reconocimiento de la antigüedad han podido "beneficiar sólo a algunos", mientras que el Tribunal Supremo resolvía la cuestión y que la ha resuelto diciendo que ese no es el camino. Con la judicialización han obstaculizado durante años la solución que necesitan y merecen TODOS los profesores de religión que dedicaron parte de su tiempo a prestar servicios como profesores de religión de infantil y primaria con anterioridad al 1 de enero de 1999.

8. Por eso, AHORA, lo que procede es Solicitar al Ministerio de Educación el reconocimiento de la antigüedad de los servicios prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1998.

9. Y el Ministerio de Educación, a la mayor brevedad posible, debe dictar las normas por las que reconozca al profesorado de religión no transferido a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria y al profesorado de religión de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, el derecho a percibir trienios.

10. A todos nos conviene que, de acuerdo con el Estado de Derecho, quede resuelto legalmente el reconocimiento de los servicios prestados a efectos de trienios del profesorado de religión dependiente del Ministerio de Educación, tal como está regulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

                            Andalucía, 10 de julio de 2012

La reforma laboral abarata el despido, ya que desaparece la indemnización de 45 días por año trabajado y se generaliza el despido improcedente con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario. Las empresas podrán acogerse a despidos objetivos por causas económicas (20 días por año trabajado) cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Además, la reforma recuperará a partir del 1 de enero de 2013 el límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el anterior Gobierno, y extingue la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos.

Uno de los objetivos de la reforma, según el Gobierno, es fomentar la contratación indefinida de jóvenes y de parados de larga duración y para ello establece bonificaciones de hasta 4.500 euros, regula por primera vez el teletrabajo, facilita el descuelgue de los convenios y la modificación de las condiciones laborales, y modifica el contrato estable a tiempo parcial y el de formación y aprendizaje.

Entre los cambios durante la tramitación parlamentaria de la reforma destacan la limitación de la vigencia del contrato de emprendedores -sin indemnización por despido- al tiempo que el paro supere el 15%; la priorización de contratación a víctimas del terrorismo o de violencia doméstica; la exclusión del despido por absentismo de enfermos crónicos, graves o de cáncer. Sin embargo, los aspectos más controvertidos de la norma, que provocaron incluso la convocatoria de una huelga general, se han mantenido íntegramente.

Otras variaciones incluidas en la reforma son la creación de un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores, que contempla deducciones fiscales por cada nueva contratación indefinida de jóvenes o parados; la modificación de los contratos a tiempo parcial y la regulación del teletrabajo. Además, se limita la ultraactividad de los convenios vencidos a un año, se facilita el descuelgue primando el convenio de empresa por encima de los sectoriales o autonómicos; se facilitan las modificaciones de condiciones salariales, se clarifica el despido objetivo, se elimina la autorización previa para despidos colectivos y se reducen las indemnizaciones. También se abre la puerta a los despidos en el sector público, si bien el personal fijo que haya pasado por un proceso selectivo será el último en ver sus contratos rescindidos; y también se crea una cuenta de formación y un nuevo contrato de aprendizaje.

                              Andalucía, 8 de julio de 2012

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó este viernes la reforma laboral con la que se generaliza el despido con 20 días de indemnización en España. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó las claves de la nueva normativa que acaba de ratificar el Consejo de Ministros y que entrará en vigor tras su publicación en el BOE este sábado. De la reforma, según pasan las horas y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se van conociendo todos los detalles. Estas son las claves de la medida del Gobierno de Rajoy en los diferentes ámbitos a los que afecta:

Despido.

La indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (hasta ahora eran 42). Esta nueva indemnización no tendrá carácter retroactivo y se aplicará solo a los nuevos contratos. Los contratos fijos que actualmente tengan derecho a 45 días por año mantendrán esa cuantía hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a partir de ese día la indemnización pasará a ser de 33 días. El límite para ambos periodos será de 42 mensualidades.

El despido objetivo -que permite a las empresas extinguir la relación laboral de los  empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado- podrá aplicarse cuando existan pérdidas actuales o previsión de tenerlas y cuando la compañía tenga una disminución de ingresos durante tres trimestres consecutivos. La ministra de Trabajo ha asegurado que "por supuesto habrá un control judicial" en estos casos. Este control judicial sería a posteriori, y después de que un trabajador interpusiera la correspondiente denuncia.

Los asalariados que cuenten con un contrato fijo ordinario sólo podrán recibir una indemnización por despido improcedente que no superará los 720 días de salario. Hasta ahora, el despido improcedente se pagaba con 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Cambia el método de cálculo: los años trabajados hasta la entrada en vigor del real decreto-ley se calcularán a 45 días, mientras que los restantes pasarán a indemnizarse a 33 días. Para facilitar el cálculo, la norma establece que el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario.

El absentismo laboral individual del trabajador deja de estar vinculado al que haya establecido para el conjunto de la plantilla, con el fin de justificar más fácilmente el despido. El Gobierno ha procedido a eliminar una de las condiciones que permitían el despido objetivo, que determinaba que este se podría llevar a cabo "siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo". Desde ahora, bastará con que un trabajador falte de forma justificada más de un 20% de las jornadas a su trabajo durante dos meses o un 25% en cuatro meses para poder prescindir de él.Los organismos y entidades del sector público que no sean viables ni se prevea que lo puedan ser en los próximos años podrán acogerse a causas objetivas de despido para redimensionar plantillas.Las empresas que despidan a más de 100 trabajadores deberán articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo mínimo de seis meses.Las empresas en beneficios que quieran reducir plantilla entre los trabajadores mayores de 50 años con cargo a sus recursos propios no tendrán que cumplir con el requisito de que el despido afecte a un mínimo de 100 trabajadores en un período de tres años. Además, detalla el modelo de cálculo de la fianza que deberán consignar estas empresas en el Tesoro Público para afrontar el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados por el despido. La reforma laboral presentada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada en septiembre de 2010 reguló el despido en empresas con beneficios después de que se conociera que Telefónica iba a desprenderse de más de 5.000 trabajadores a pesar de obtener ganancias.

La reforma acaba con la exclusividad que hasta ahora tenían los representantes de los trabajadores ante un proceso de despido colectivo y que impedía que fueran echados los primeros. A partir de este domingo, que es cuando entra en vigor el real decreto-ley de reforma, los trabajadores con cargas familiares, los mayores de determinada edad o las personas con discapacidad también tendrán prioridades de permanencia en la empresa si así se pacta en el convenio. El Estatuto de los Trabajadores fija que sólo son los representantes legales de los trabajadores los que ostentan esa prioridad, algo que cambia este domingo.El Gobierno elaborará un reglamento sobre "despidos colectivos, suspensión de contratos y reducción de jornada" en el plazo de un mes. El Ejecutivo se concede "el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley" para elaborar "un real decreto sobre el reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada" que desarrolle el articulado de esta norma en esas materias. En concreto, el desarrollo legislativo se ceñirá "con especial atención a los aspectos relativos al periodo de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario".

Contratos

Se crea un nuevo contrato indefinido con un año de prueba que podrán utilizar las pymes con menos de 50 trabajadores. Gozará de una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer empleado menor de 30 años.El contrato indefinido que podrán hacer autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores a menores de 30 años tendrá que ser en jornada completa y en el caso de que se haga a un desempleado deberá estar cobrando la prestación durante al menos tres meses antes de su incorporación. Los autónomos y pymes que contraten como primer trabajador a un menor de 30 años tendrán una bonificación fiscal de 3.000 euros. A esta cifra se podrán sumar otros 3.600 euros si el menor de 30 años está en el paro. Si se trata de un parado de larga duración, la bonificación será de 4.500 euros. En ambos casos el trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses. La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral. El trabajador, de forma voluntaria, podrá compatibilizar el cobro del salario con el 25 % de su prestación por desempleo. El real decreto-ley incorpora una disposición adicional nueva a la Ley General de la Seguridad Social en la que detalla los trámites que deberá seguir el empresario y la información que deberá consignar en las comunicaciones que curse a los trabajadores que van al paro por despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada.

A partir del 31 de diciembre no se podrán encadenar contratos temporales que superen los 24 meses.La edad máxima para acceder al contrato de formación y aprendizaje será de 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%.Se fomenta la contratación indefinida de los jóvenes menores de 30 años con hasta 3.600 euros, mientras que para los parados de larga duración la cifra será de hasta 4.500 euros.Formación

Los trabajadores de más de un de un año de antigüedad tendrán derecho a 20 horas anuales de formación retribuidas siempre que el contenido de esos cursos esté vinculado al puesto de trabajo. Además, se creará un registro donde se recogerá la formación que ha recibido el trabajador a lo largo de su vida. Así, se exige que el empresario, cuando lleve a cabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca un curso para que pueda formarse.

Convenios

Se facilitará el descuelgue, es decir, que los empresarios que atravieses dificultades económicas, y las justifiquen, podrán desvincularse del convenio que regule su sector y decidir las nuevas condiciones de trabajo. De no alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, cualquiera de las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva de convenios Colectivos o sus equivalente autonómicos, que nombrará un árbitro y resolverá en 25 días como máximo.

Los convenios de empresa tendrán prioridad sobre los de ámbito superior. Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de 2 años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios.

Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de 2 años desde que se decide comenzar la negociación. A  partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios, es decir, que un convenio no podrá estar indefinidamente en vigor mientras se negocia el nuevo.

Salarios

Otra de las medidas presentes en la reforma que publica este sábado el BOE abre la puerta a una rebaja salarial generalizada permitiendo a los empresarios modificar el sueldo de sus trabajadores sin previo acuerdo. "La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa", dice el BOE en el artículo 41.1, que lleva por título Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

Entre otras modificaciones (como la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo o el sistema de trabajo y rendimiento), el texto especifica la "cuantía salarial".

Indemnizaciones a directivos de bancos

Los directivos de entidades financieras que hayan sido apartados de su cargo mediante un expediente disciplinario no tendrán derecho a percibir indemnización. Además, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de estos directivos. Estas indemnizaciones no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos años de remuneración fija o dos veces las bases máximas resultantes de los límites fijados por el Gobierno hace una semana.

Permiso por maternidad

El Gobierno ha suprimido los incentivos existentes desde 2006 para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso por maternidad. Desaparecen las bonificaciones mensuales de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para los contratos indefinidos de las mujeres que regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad o una excedencia por cuidado de hijos, según el artículo 3 de la Ley 43/2006 de 29 de diciembre para la mejora del crecimiento y el empleo. Los empresarios tenían derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante "los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo".

Sentencia sobre un ERE

Las sentencias sobre Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo (TS) cuando afecten a menos de 50 trabajadores. La nueva reforma ha modificado varios artículos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, también ha suprimido la posibilidad de presentar recursos de súplica por despidos colectivos. Así, desaparece la posibilidad de recurrir en casación ante el TS "las sentencias dictadas en relación con expedientes de regulación de empleo, de extinción de contratos de trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cualquiera que sea la cuantía, cuando afecten a menos de cincuenta trabajadores".

En el decreto ley también se detalla el nuevo procedimiento judicial sobre las demandas presentadas contra despidos colectivos, que deberá estar resuelto en menos de dos meses, de acuerdo con los plazos indicados en esta norma. También ha eliminado el acceso al conflicto colectivo cuando la empresa niega a los representantes de los trabajadores información de "carácter reservado" o cuando no les comunica "determinadas informaciones". Además, ha excluido el uso del conflicto colectivo por "los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligación de sigilo".

Otros

Se estrecha la colaboración con las mutuas de trabajo para evaluar la incapacidad temporal de los trabajadores.El Gobierno ha acordado suspender la integración del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). El anterior Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero había acordado a finales de agosto de 2010 que en el plazo de seis meses, que vencería este febrero, debería haberse regulado el procedimiento para completar "la citada integración y el funcionamiento efectivo del nuevo organismo". Sin embargo, con la reforma laboral aprobada este viernes por el Consejo de Ministros y que entra mañana en vigor, queda derogada la fusión prevista entre ambos organismos. Tras el anuncio de fusión, a comienzos del pasado otoño surgieron movilizaciones de funcionarios y trabajadores públicos para pedir más fondos para mejorar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), por el retraso que acumulaban en la tramitación de expedientes.

Cobro del paro anticipado.

Se posibilita la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.Se propone un plan especial de la Inspección de Trabajo para combatir el fraude y la economía sumergida.

Los empleados que cobren la prestación por paro podrán realizar servicios de interés general en beneficio de la comunidad, mediante convenios de colaboración con las administraciones públicas. Esta prestación es coercitiva, es decir, en caso de no llevarse a cabo el parado podría sufrir una penalización.Recientemente, Báñez señaló que los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem) solo consiguen colocar al 3% de los parados, unos resultados que dijo que "no son buenos", teniendo en cuenta que España cuenta con más de cinco millones de desempleados. Para facilitar la búsqueda de trabajo, el Gobierno permitirá que las Empresas de Trabajo Temporal se unan al sector público, estableciendo una colaboración público-privada para ayudar a recolocar a los parados.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la reforma de las pensiones que retrasa la edad legal de jubilación a los 67 años, después del visto bueno de los órganos consultivos al anteproyecto consensuado entre el Gobierno y los agentes sociales en el marco del pacto social y económico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, valoró que el proyecto de ley aprobado responde al "contenido original" del anteproyecto pactado con los interlocutores sociales, al tiempo que calculó que incorpora entre un 70% y un 80% las recomendaciones del informe del Consejo Económico y Social (CES), el que consideró "útil".

Después de que los sindicatos amenazaran al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una nueva huelga general si decidía retrasar la jubilación más allá de los 65 años y tras varias reuniones maratonianas, los interlocutores sociales y el Ejecutivo lograron acercar posturas y sellar el pasado 2 de febrero un acuerdo en esta materia, con algunas indicaciones también sobre negociación colectiva, políticas activas de empleo y energía.

En concreto, la reforma de las pensiones está previsto que entre en vigor en 2013 y eleve la edad de jubilación en un horizonte de 15 años hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2017. Como otra novedad, se introduce la exigencia de contar con una carrera de cotización de 37 años para poder acceder a cobrar la pensión máxima, frente a los 35 años actuales. La reforma amplía también de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones.

El Gobierno calcula que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores, al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados.

La reforma también contempla que las mujeres y varones puedan contar, solo a efectos de jubilación a partir de 2013, con 116 meses de cotización por hijo con un máximo de dos años si han tenido que dejar de trabajar para cuidarlo.

Por su parte, la reforma contempla que los programas formativos remunerados, como las becas, den origen a una cotización de carácter voluntaria, que será equivalente a la que se aporta en los contratos de formación --50 euros--, siempre mediante la firma de convenios singulares con la Seguridad Social.

INVESTIGADORES SIN REMUNERACIÓN.

En este sentido, el ministró desveló que también se contabilizará en la vida laboral los cursos de investigadores, aunque su actividad no implique una remuneración, tal y como sugería el CES. "El Gobierno está satisfecho con el resultado del proceso de conversión del anteproyecto en proyecto de ley", indicó Gómez, para terminar congratulándose por el cumplimiento de plazo fijados por el Gobierno: "Hemos cumplido lo que dijimos".

Sobre la recomendación del CES de basar la sostenibilidad del sistema más allá de la esperanza de vida, Gómez defendió este aspecto como "factor detonante" para la revisión del sistema cada cinco años una vez que se complete la entrada en vigor de los nuevos cambios. "El factor detonante tiene que ser siempre la esperanza de vida para un sistema de reparto", sentenció.

Fuente: Europa Press

                                 Andalucía, 30 de marzo de 2011

 La Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores ya establecen los principios por los que ha de reconocerse esta nueva prestación de la Seguridad Social que, aunque entró en vigor el pasado 1 de enero con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, precisa de la aprobación de un Reglamento para determinar el concepto de enfermedad grave, entre otras cuestiones. El hecho de que esté vigente desde 1 de enero de 2011, garantiza el cobro del subsidio desde la fecha de la solicitud, siempre que esta se ajuste a lo requerido en la Ley y a sus normas de desarrollo.

Los requisitos para el acceso a la nueva prestación por cuidado de hijos con enfermedad grave son los mismos que los establecidos para la maternidad contributiva: estar afiliado a la Seguridad Social y tener cubierto el periodo de cotización mínimo requerido. La gestión y el pago corresponderán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o a la Entidad Gestora con quien la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

La prestación se extinguirá cuando cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor o cuando éste cumpla 18 años.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración

La Comisión del Pacto de Toledo ha dado luz verde a las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG.

En concreto, el texto ha contado con el aval de 36 votos a favor, dos en contra correspondientes a las minorías de izquierdas y ninguna abstención.

Con todo, el texto definitivo pone en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la 'censura' a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previó del Pacto de Toledo.

Si bien, la ambigüedad de las recomendaciones deja 'manos libres' al Gobierno para retrasar la jubilación y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años que se toman de referencia en la actualidad.

Por ello, la mayoría de los grupos mostraron durante el debate su temor a que el Gobierno acabe legislando en contra de estas recomendaciones, al tiempo que le reprocharon haber actuado en tiempo y forma durante las negociaciones para calmar la presión de los mercados.

Tras algo más de dos horas de Comisión, los grupos parlamentarios debatirán las recomendaciones en Pleno, previsiblemente el 25 de enero, sólo tres días antes del Consejo de Ministros que espera aprobar el proyecto de ley del nuevo sistema público de pensiones.

EL PP APOYA CON ALGUNA OBJECIÓN.

Pese al respaldo del PP, el portavoz de los 'populares' en la Comisión, Tomás Burgos, defendió el voto particular sobre la edad legal de jubilación como "reafirmación" en su oposición a la intención del Gobierno de elevar el retiro a los 67 años, por lo que aclaró que no va en contra de la recomendación en sí, pues ésta recoge de manera explícita el desacuerdo.

Burgos coincidió con los grupos minoritarios de la izquierda y PNV en denunciar la celeridad imprimida por el Ejecutivo para revisar las recomendaciones. Tanto PP como IU-ICV, ERC, BNG y PNV cuestionaron la conveniencia del Pacto de Toledo cuando el Gobierno ya había fijado el 28 de enero como fecha límite para acometer la reforma.

Por ello, volvió a criticar las "formas perturbadoras" y el "procedimiento de vértigo" exigido por el Gobierno a las negociaciones en el Pacto de Toledo por las presiones de los mercados, las que, a su juicio, han estado "a punto de echar por tierra el acuerdo".

Por su parte, la representante del BNG, Olaia Fernández, relativizó el papel de la Comisión para orientar la reforma de las pensiones, ya que el Consejo de Ministros que prevé aprobar el proyecto de ley será tan sólo tres días después de la votación en Pleno.

"El documento sería positivo si el Gobierno lo tuviese en cuenta", subrayó para constatar esta discrepancia. A esta crítica también se sumaron los portavoces de IU-ICV y ERC, Gaspar Llamazares y Joan Tardá, respectivamente.

RECOMENDACIONES, "EN PAPEL MOJADO".

Llamazares censuró la interpretación de la "sinfonía" del Pacto de Toledo que puede hacer el Gobierno, por lo que sospechó que habrá un "claro sesgo". "Estas recomendaciones van a quedar en papel mojado para el Gobierno", lamentó, a lo que agregó una nueva reflexión: "El Pacto de Toledo suena a anacrónico".

Mientras, Tardá denunció que el Ejecutivo "no ha jugado limpio" en las pautas a seguir para reformar la Seguridad Social, al considerar que ha actuado de forma "muy patán" por la "falta" de respeto sobre el trabajo de los parlamentarios con los sucesivos anuncios que desgranan la reforma.

PNV: "PROYECTO DE LEY REDACTADO".

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, recriminó al Gobierno que se haya abordado con tanta celeridad la reforma y la haya vinculado a la necesidad de austeridad y recortes, al tiempo que ha negado que sea un requerimiento de los mercados.

Asimismo, Olabarría se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo, que ha cosechado reproches "inéditos" en la historia del Pacto de Toledo, no hará caso de las recomendaciones: "El Gobierno va a tomarlas a beneficio de inventario". "Es previsible que el proyecto de ley ya esté redactado", añadió.

CIU: "PROBLEMA POLÍTICO" PARA EL GOBIERNO.

Sin embargo, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, no se alineó con estas críticas sobre el trabajo de la Comisión, ya que avisó de que el Gobierno tiene un "problema político" para decidir el aumento de la jubilación con el desacuerdo expresado en el texto definitivo.

"El Gobierno está obligado a considerar las recomendaciones, con independencia de que el Pleno apruebe estas recomendaciones", afirmó, al tiempo que calificó las propuestas de "muy concretas".

Para Campuzano, que el PSOE, PP, PNV y CiU respalden el texto de la Comisión quiere decir que existe una "enorme mayoría" sobre las recomendaciones, aunque admitió que el Pleno para votar las recomendaciones debería haberse fijado antes del 25 de enero.

"Los costes de envejecimiento no son un problema de izquierda ni de derechas, sino un problema que las sociedades europeas deben hacer frente", apuntó directamente al arco minoritario de la izquierda, para después advertir de que sería un "error" que el Gobierno aprobará la reforma sin el acuerdo parlamentario y el apoyo de los agentes sociales. "Si existe voluntad política puede haber una reforma pactada con los grupos y los sindicatos", concluyó.

PSOE: "AVANCE MUY IMPORTANTE".

La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, se congratuló por la aprobación del texto, al asegurar que manda un "mensaje de tranquilidad" a los actuales y futuros pensionistas. "(El texto) supone un avance muy importante para el sistema (Seguridad Social)", expresó, para defender que las nuevas recomendaciones persiguen un sistema "más equitativo y más justo".

"Hacemos la reforma porque toca", justificó López i Chamosa, quien apeló al "espíritu de la Constitución" para resaltar el acuerdo alcanzado finalmente.

En aras de este consenso, la portavoz socialista justificó que el PSOE acabe comulgando el desacuerdo explícito a la edad de jubilación. "Seguimos pensando que hay que alargar la jubilación a los 67 años, pero queremos mantener el consenso (en el Pacto de Toledo)", explicó.

Fuente: Europa Press