1. El Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sección Primera, ha asignado al Recurso de Amparo de APPRECE el Nº 6550-2011.

2. El Asunto de que se trata: Recurso de Amparo presentado por APPRECE, sobre Auto y Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recurrido en recurso de casación Nº 116/2010, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Conflicto Colectivo Nº 1/2010.

3. Ordena que se le notifique al Ministerio Fiscal y a la representación de APPRECE, que es la demandante.

4. Desde el respeto y la defensa del Estado de Derecho, APPRECE pide Justicia para el Profesorado de Religión de Andalucía y de toda España, porque hay "algo" en el marco legal que se le está aplicando, que no "encaja", ya que existe una contradicción entre lo que ordena el Estatuto de los Trabajadores, en sus articulos 12 y 41 y lo que ordena el articulo 4.2 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio.

a) APPRECE buscó un acuerdo con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del órgano extrajudicial -SERCLA- con un Acto de Conciliación fallido, al no presentarse la representación de la Administración.

b) APPRECE, entonces, acudió en Demanda de Conflicto Colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque desde el año 2007, unilateralmente la Consejería de Educación reducía las jornadas laborales, tanto de los profesores de religión con contrato indefinido de jornada completa como de los que tenían jornada parcial.

Aplicando el turno en la Secretaría General del TSJA, correspondió la Demanda a la Sala de Málaga, que, al día siguiente de celebrado el juicio, dictó sentencia desestimatoria de la Demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por APPRECE y a la que se adhirieron Apresa-Feper, CSIF, CC.OO,  FETE-UGT, USO y ANPE. No comparecieron, aunque estaban citados al juicio: USTEA, CGT y SADI.

c) APPRECE interpuso Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, adhiriéndose al mismo los sindicatos FETE-UGT y Apresa-Feper. Los otros sindicatos se retiraron de este Recurso, por lo que resulta insultante para el Colectivo que alguno afirme que se personó, cuando la propia Sentencia lo desmiente.

El Tribunal Supremo dicta sentencia desestimando el Recurso de Casación, interpuesto por APPRECE, y afirma que es el articulo 4.2 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, el que se le tiene que aplicar al profesorado de religión y no la regulación contenida en el Estatuto de los Trabajadores, en sus articulos 12.4 e) y 41.

Y añade que no consta acreditado que se haya procedido a transformar contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial.

d) APPRECE solicita al Tribunal Supremo una Aclaración de la sentencia para que se pronuncie sobre la vulneración o no del artículo 12.4 e) del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de conversión unilateral por parte del empresario de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial.

El Tribunal Supremo, en un Auto de fecha 26 de octubre de 2011, responde a la petición de aclaración de APPRECE, que no procede la aclaración, porque la sentencia ha dado respuesta a la denunciada vulneración del artículo 12.4 e).

5. APPRECE ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional estudiará el Recurso de APPRECE, que consta de 60 folios, y, en su momento, dictará Sentencia, que de antemano, respetaremos como siempre hacemos con los fallos que dictan los Tribunales de Justicia.

6. El problema de fondo está en el artículo 4.2 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, cuando dice:

"La determinación de la modalidad del contrato a tiempo completo o parcial, según lo requieran las necesidades de cada centro, corresponderá a la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo de su duración y por razón de la planificación educativa, deban de producirse respecto de la jornada de trabajo o centro reflejado en contrato".

¿Cómo se compagina este articulo 4.2 con los artículos 12 y 41 del Estatuto de los Trabajadores?...

La respuesta la esperamos del Tribunal Constitucional.

Y mientras llega la respuesta del Tribunal Constitucional negociemos con la Administración alguna fórmula que los haga compatibles.

7. En esta defensa judicial ante el Tribunal Constitucional APPRECE ya está sola, gastando su tiempo y su dinero en la defensa de la dignificación y de los derechos del Profesorado de Religión de España, como lo ha estado casi siempre. Es una soledad solidaria que compensa y recompensa al 100 % por la seguridad que da saber que se está prestando un servicio desinteresado al colectivo de religión.

                           Andalucia, 16 de diciembre de 2011

1. Podía ocurrir y ha ocurrido. Utilizar la vía judicial, como primer recurso para el reconocimiento de la antigüedad y el cobro de trienios del profesorado de religión de infantil y primaria, de los años anteriores al 1 de enero del año 1999, era un grave riesgo y los sindicatos que se lanzaron con demasiada alegría a poner demandas en los Juzgados de lo Social, ahora se encuentran con este "frenazo" del Tribunal Supremo. Flaco servicio el que han prestado estos sindicatos al colectivo, aunque haya habido alguien que se haya visto beneficiado.

2. Las movidas de algunos profesores de religión, apuntándose a sindicatos para que le "arreglaran" lo de los trienios, ha sido patética en algunos casos, porque han prestado más atención a los "cantos de sirenas" que oían en esos sindicatos, que a las recomendaciones y consejos que les daba la Asociación-Sindicato que, hasta ahora, mejor ha defendido sus derechos de todo tipo: APPRECE-A. ¡Lamentable, pero cierto¡.

3. Acompañamos una de las Sentencias del Tribunal Supremo sobre los trienios del Profesorado de Religión, que sienta doctrina para toda España. Hay otra Sentencia del Tribunal Supremo también en los mismos términos que esta que adjuntamos en el archivo. Cuando la localicemos la colgaremos en esta WEB para conocimiento de todos.

4. La vía judicial, en las condiciones en que se ha venido usando por otros sindicatos y/o letrados, ha tocado fondo y se ha vuelto contra los que han puesto demandas judiciales. ¿Pedirán disculpas los sindicatos que han usado como reclamo para hacer afiliados el tema de las demandas judiciales sobre los trienios?...¡Las mentiras tienen las patas muy cortas y, más tarde o más temprano, quedan al descubierto¡. Es lo que ha ocurrido en estos casos.

5. APPRECE-A va a seguir con su plan para el Reconocimiento de los Servicios prestados a las Administraciones Públicas, entregado en el Ministerio de Educación el día 23 de marzo del pasado año, porque estas Sentencias del Tribunal Supremos no nos afectan, y que, para conocimiento de todos los que están registrados en la página WEB, vamos a colgar en el apartado Profesorado, pero en la Zona Privada, reservada para los asociados. No nos alegramos del mal ajeno, como corresponde a personas normales, que tienen corazón y también cabeza. Si sentimos en APPRECE-A la satisfacción de no habernos metido en ese "túnel sin salida" que en este caso es la vía judicial, a pesar de que nos han llegado "amenazas" de irse a  alguno de esos sindicatos que le "aseguraban" al 100 % el arreglo de los trienios. No contaban, por lo visto, con el Tribunal Supremo.

                              Andalucia, 8 de febrero de 2011

LA SENTENCIA DEJA EN RIDICULO A LOS QUE SE CONSIDERAN POLÍTICOS SIN SER CONSCIENTES DE QUE ESTÁN DEFENDIENDO MAJADERIAS

1. La Sentencia que adjuntamos tiene una gran importancia porque puede servir para elevar el nivel del debate en cuestiones que son derechos del Profesorado de Religión en la escuela pública de España.

a) Que un profesor de religión, aunque sea en casos muy excepcionales, tan excepcionales que posiblemente no se van a dar casi nunca, pueda ostentar un cargo directivo, salvo el de Director, supone el reconocimiento por parte del Alto Tribunal del Estado de su dignidad y categoría profesional, que algunos vienen pisoteándola desde hace ya demasiados años.

b) Que cuando, como es el caso de Andalucía, hasta se le quiera prohibir al Profesorado de Religión que pueda hacer "guardias o vigilar los recreos", sea el Tribunal Supremo el que, haciendo un examen de la normativa vigente aplicable al Profesorado de Religión en España, declare los derechos del Profesorado de Religión a poder formar parte de los Equipos Directivos de los centros educativos, en casos excepcionales, a incluso simultanear la Jefatura de Departamento de Religión y la Tutoría de un grupo de alumnos, sin imparten docencia a todo el grupo, el derecho a descuentos lectivos en los cargos que puedan asumir en los centros...obliga necesariamente a un diálogo de mayor nivel que el que se viene observando en algunos centros educativos.

c) Esta Sentencia del Tribunal Supremo, en la práctica, puede servir para consolidar en algunas Autonomías la Jefatura del Departamento de Religión (Madrid, Valencia, Canarias...) el ejercicio de la Tutoría en aquellas Autonomías donde todavía no se han impuesto los "superprogres" que defienden que el Profesor de Religión no puede ser tutor...(algunos hasta quieren prohibirle que haga guardias y vigile los recreos)...

d) En otras Autonomías, en la práctica, hasta puede que todo siga igual de mal que hasta ahora y no se modifiquen las actuales discriminaciones que se vienen observando por el simple hecho de ser profesor de religión, al que se le considera que única y exclusivamente puede dar clases de religión y no puede hacer otra cosa que dar clases de religión.

2. Bienvenida, pues,  esta Sentencia del Tribunal Supremo, porque puede ser un "dique de contención" a tanto "intérprete de la Ley", hecha desde su ideología y no desde el Estado de Derecho.

3. Bienvenida sea esta Sentencia, porque enjuicia los hechos desde la LOE y desde el Real Decreto 696/2007, que regula la relación laboral del Profesorado de Religión con las Administraciones Públicas.

4. Bienvenida sea la Sentecia, porque sienta bases legales para el diálogo y la negociación con las Adminsitarciones Públicas...

5. Pero seamos REALISTAS y SENSATOS y no cometamos disparates creyendo que una Sentencia puede cambiar la realidad en los centros:

a) Si no existe el Departamento de Religión en la normativa de una Autonomía...el Jefe del Departamento de Religión no puede existir...

b) Si el Director no te nombra Tutor, a propuesta del Jefe de Estudios...no puedes ser Tutor...

c) Si en todos los centros educativos, también en los de nueva creación, hay suficientes funcionarios de carrera...el Profesor de Religión nunca podrá ocupar un cargo unipersonal en el Equipo Directivo...

d) Y si no se es Jefe de Departamento, ni Tutor, ni se ostenta un cargo unipersonal...no hay reducciones horarias lectivas...

6. Por todo ello no podemos olvidar cuál tiene que ser el camino correcto para conseguir las mejoras que necesita el Profesorado de Religión:

a) Elecciones sindicales PROPIAS para contar con órganos de representación propios, que son los Comités de Empresa.

b) Elección de Comités de Empresa PROPIOS para que, en nombre de sus representados, negocien un Convenio Colectivo Propio, en el que se acuerden los derechos que la Ley y el Estado de Derecho otorga al Profesorado de Religión, incluso para situaciones excepcionales.

7. APPRECE felicita a los 3 sindicatos canarios que interpusieron demandas, en su momento, que fueron acumuladas por tratarse de las mismas peticiones, y, en particular, a los 2 sindicatos que se personaron ante el Tribunal Supremo.

El tiempo nos irá indicando los "beneficios" que nos va a reportar esta Sentencia del Tribunal Supremo en su aplicación en las Autonomías y en el día a día en los centros educativos.

                            Andalucía, 20 de enero de 2011

QUE NADIE JUEGUE NI ENGAÑE MIENTRAS TANTO A NADIE NI JUEGUE CON LA IGNORANCIA DE LA GENTE

1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido elevar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el decreto-Ley 2/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz como consecuencia de las demandas presentadas contra dicha norma por unos sindicatos.

2. El Auto del TSJA ha resuelto elevar cuestión de constitucionalidad para que "si se admite a trámite la cuestión, resuelva si la redacción de varios artículos de la Ley de Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 2010, introducida por el decreto-ley de retribuciones, ha vulnerado o no el contenido esencial del derecho de libertad sindical, regulado por la Constitución Española, en relación con el derecho de la negociación colectiva, al haberse dejado sin efectos las retribuciones pactadas para el año 2010".

3. La primera demanda fue presentada el día 7 de octubre de 2010 y en ella se pide que "se declarara la nulidad de las modificaciones sustanciales impuestas unilateralmente por la Administración consistentes en una minoración  del 5 % de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina de todos los trabajadores afectados, con efectos del 1 de junio de 2010, declarando las mismas nulas e injustificadas en lo que afecta al personal incluido en el VI Convenio Colectivo del Personal laboral de la Junta de Andalucía, reponiéndolos en sus anteriores condiciones de trabajo".

4. La otra demanda se presentó el día 2 de noviembre de 2010 y se pide lo mismo: "que se declare que en virtud de lo establecido en el VI Convenio Colectivo del Personal laboral de la Junta de Andalucía, las retribuciones a percibir por todos los trabajadores afectados en junio de 2010 y sucesivos han de ser las mismas que venían percibiendo hasta entonces, declarando nulas de pleno derecho y sin efectos las reducciones retributivas efectuadas por la Junta de Andalucía y retrotrayendo la situación al momento previo a esta reducción unilateral".

5. El tema de los descuentos en las nóminas desde junio del pasado año 2010, tanto del Profesorado de Religión de Infantil y Primaria como del de Secundaria, está en el más alto Tribunal del Estado, el Tribunal Constitucional, y sólo cabe esperar su decisión. Cuando haya sentencia del Tribunal Constitucional será el momento de volver sobre este tema.

6. Otras demandas sobre las actuaciones de los descuentos efectuados por el Gobierno de España también están en el Tribunal Constitucional. Este Tribunal tendrá que decidir tanto sobre las actuaciones del Gobierno de España como las de los Gobiernos Autonómicos, que se han limitado a copiar lo hecho por el Gobierno de España.

7. En lo que afecta a los descuentos efectuados al Profesorado de Religión de Infantil y Primaria todo está pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre las actuaciones del Gobierno de España y, en consecuencia, del Ministerio de Educación.

8. En lo que afecta a los descuentos efectuados al Profesorado de Religión de Secundaria todo está pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre las actuaciones del Gobierno de Andalucía y, en consecuencia, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

9. Mientras el tema esté en el Tribunal Constitucional sólo cabe esperar su sentencia. Por tanto, todo el que esté "jugando con este tema" es porque quiere "engañar" a la gente para otras historias...Otra cosa es que el personal se deje engañar...Será su problema.

                            Andalucía, 14 de enero de 2011

   SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que concluye que no existe un derecho "específico" a la objeción de conciencia con respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), aunque advierte de que ello "no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas", anulando de esta manera una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocía a la madre de un menor de edad el derecho a objetar.

   En la sentencia, emitida el pasado día 13 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo confirma la validez de la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 18 de abril de 2008 por la que se denegaba a esta madre la solicitud de objeción de conciencia con respecto a la asignatura de EpC. Esta decisión de la Junta fue recurrida por la representación jurídica de la madre del menor ante el TSJA, quien le dio la razón en una sentencia que, ahora, ha sido anulada por el Tribunal Supremo.

   En su sentencia del 12 de noviembre de 2008, el TSJA señalaba que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "es al Estado y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los padres la información necesaria para que puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos, incluso ejerciendo el derecho de objetar a la asignatura parcialmente", pero "en nuestro caso esa información no se ha suministrado y, además, los contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio del derecho de los padres".

   El Alto Tribunal andaluz continuaba argumentando que "en los Reales Decretos 1631/06 y 1513/06, que establecen las enseñanzas mínimas, se emplean conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores, o conflictos sociales y morales". Ante esta situación, proseguía, "es razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas, pueden estar en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que soliciten se excluya de ella a su hijo".

FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL

   Por último, el TSJA añadía que "el interés público está en la garantía de los derechos, que al final es lo que justifica la existencia del Estado y sus potestades", precisando que "entre estos derechos están la libertad ideológica y religiosa y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". "La salvaguarda de estos derechos mediante la objeción de conciencia no pone en peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente refleja su funcionamiento", sentenciaba.

   Pues bien, el Tribunal Supremo ha aceptado el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra este fallo, un recurso en el que "puede advertirse sin dificultad que el problema planteado es si la demandante tiene o no un derecho a la objeción de conciencia frente a la materia Educación para la Ciudadanía y, por consiguiente, si su hijo puede o no quedar eximido de cursarla". Por esta razón, "y habida cuenta de que los motivos de casación formalizados por la recurrente son idénticos a los ya analizados por la sentencia del pleno de esta Sala de fecha 11 de febrero de 2009, resultan de plena aplicación la fundamentación jurídica en ella contenida".

   De esta manera, la Sala recuerda que la estimación de los recursos de casación en la referida sentencia del Supremo "se producía al concluirse que la asignatura de EpC se ajustaba a Derecho y que el deber jurídico de cursarla había de reputarse jurídicamente válido, descartándose, a continuación, tanto la existencia de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general como de un derecho a la objeción de conciencia constreñido al ámbito educativo". Esta sentencia de 2009 analizó además si el artículo 27 de la Constitución Española que reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propia convicciones "permitiría oponer razones de conciencia para quedar eximido de cursar una materia como EpC".

   En la sentencia del 11 de febrero de 2009, el Tribunal Supremo argumentó que el artículo 27.3 "no ampara el derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura, pues el precepto se refiere solo a la educación religiosa y moral, no a materias ajenas a ella", y concluía que "no existe un derecho específico a la objeción de conciencia en el ámbito educativo, sin perjuicio de advertir que ello no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

                              Andalucía, 1 de enero de 2011

1. En archivo adjunto acompañamos la DILIGENCIA de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 2 de noviembre de 2010, por la que la Secretaría da cuenta de la entrada del Recurso de APPRECE, pasando las actuaciones al Sr. Magistrado Ponente a fin de que, en el plazo de TRES DÍAS, proponga a la Sala la resolución que proceda sobre la admisión del Recurso.

2. Y en otro archivo la PROVIDENCIA de la Sala en la que la magistrada Ponente admite el Recurso de Casación de APPRECE y ordena que se de traslado a la parte recurrida, para que dentro del plazo de 10 días, a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, formulen escrito de impugnación.

3. Como parte recurrida de todos los sindicatos citados por APPRECE ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (ANPE, APRESA-FEPER, CC.OO., CGT, CSIF, FETE-UGT, SADI, USO, USTEA) sólo se han personado ante el Tribunal Supremo los que aparecen en su Diligencia y en su Providencia: APRESA-FEPER´, CSIF, FETE-UGT y USTEA.

4. Y como único recurrente contra la Sentencia del TSJA, Sala de Málaga, el Sindicato APPRECE, como se puede observar en ambos documentos.

5. No va a tardar mucho en que sepamos lo que opinan los sindicatos personados ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia del TSJA, Sala de Málaga, y sobre el Recurso de Casación interpuesto por APPRECE.

6. Los sindicatos que NO se han personado ante el Tribunal Supremo ya han dejado claro lo que les importamos los Profesores de Religión...Grabemos sus nombres en nuestra memoria: ANPE, CC.OO., CGT, SADI, USO.

Estos son los HECHOS que, en último término, son los que cuentan, porque todos sabemos lo de "mucho te quiero perrito, pero pan poquito"...

                        Andalucia, 21 de noviembre de 2010

1. La Audiencia Nacional ha expresado sus "dudas" sobre la constitucionalidad del Decreto-Ley  2/2010 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de Andalucía, porque "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, regulado por la Constitución Española, en relación con el derecho a la negociación colectiva".

2.  Una providencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado por unanimidad "oir a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo común e improrrogable de diez días para que aleguen sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo de la misma".

3. La Audiencia Nacional tiene elevada cuestión de constitucionalidad sobre la redacción de una serie de artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a raíz del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en España.

4. La modificación a nivel nacional causó a su vez la modificación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, mediante el Decreto Ley 2/2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público andaluz.

5. La Audiencia Nacional expresa sus "dudas" sobre la constitucionalidad de dicho Decreto Ley del Gobierno de Andalucía no sólo porque podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, en relación con el derecho a la negociación colectiva, sino también "tiene sus dudas sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad" regulado también por la Constitución Española, porque "excluye la reducción retributiva al personal laboral no directivo de las sociedades del sector público andaluz, entre las que se encuentran Canal Sur Televisión S.A y Canal Sur Radio S.A, salvo que por negociación colectiva se decida su aplicación".

6. La providencia de la Audiencia Nacional responde al Conflicto Colectivo presentado por CGT, Federación de Servicios de UGT, Federación de Servicios de CC.OO., Sindicato de Periodistas de Andalucía, Comité Intercentros de RTVA -Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. El pasado día 4 de noviembre se celebró la vista del Conflicto Colectivo.

7. Conviene que vayamos "aprendiendo" a analizar los HECHOS y sus reivindicaciones a través de los cauces correctos, así como qué organizaciones sindicales son las que dan el primer paso y arrastran arrastran a otras, porque no se pueden quedar atrás. Y también, como no, cuáles son las organizaciones sindicales ausentes en estas reivindicaciones, para que luego no se quieran "colgar medallas"...

8. Y, a su vez, saber ver cómo lo que está en juego en el Estado de Derecho y lo que cuestiona la Audiencia Nacional es la constitucionalidad de las decisiones de los Gobiernos, tanto del de España como del de Andalucía, en sus respectivos Decretos porque pueden afectar al contenido esencial del DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL, regulado por la Constitución Española, en relación con el DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA y también al contenido esencial del DERECHO DE IGUALDAD, regulado también por la Constitución Española.

9. Quienes dicen que trabajan para el Profesorado de Religión tienen que tener muy en cuenta cuáles son los cauces legales para la defensa del Colectivo, porque no todo vale en el mundo sindical.

                      Andalucía 17 de noviembre de 2010

1. En el final de este procedimiento judicial adjuntamos sólo la primera página del Recurso de Casación interpuesto por APPRECE, en la que puede verse claramente el sello del Registro General del Tribunal Supremo, la fecha del 26 de octubre de 2010, la palabra PRESENTADO y un número a mano, el 9101, que debe ser el que le corresponde como número de orden de entrada.

2. En esta página WEB está colgada toda la historia de este procedimiento desde su frustrado acto extrajudicial de conciliación pedido por el Sindicato APPRECE en el SERCLA en Sevilla, a cuyo acto no compareció la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y cuya Acta está igualmente expuesta al público en la WEB.

También está colgada la Demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por APPRECE ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que, turnada, le correspondió a la Sala de Málaga.

Figura colgada en público también la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, contra la Demanda de Conflicto Colectivo, así como el Anuncio del Recurso de Casación de APPRECE y el Decreto de 15 de septiembre de 2010, por el que se emplaza a APPRECE a formalizar el Recurso de Casación.

Y hoy colgamos la primera página de dicho Recurso de Casación como prueba fehaciente de la seriedad con que actuamos en APPRECE y en prueba también de la responsabilidad que asumimos al comenzar un procedimiento de Demanda de Conflicto Colectivo que, si no  surtía efecto en el acto de concliación ante el órgano extrajudicial, sabíamos que no cabía otro camino que el de la Demanda Judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y su posterior Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

APPRECE es el único sindicato que se ha personado como DEMANDANTE ante el Tribunal Supremo. Por este motivo no colgamos en público el Recurso de Casación completo, sino sólo la primera página del mismo.

Otro sindicato nos copió la Demanda de Conflicto Colectivo y hasta el día 2 de noviembre de 2010 no la hemos conocido, junto con la respuesta a la Providencia de la Sala de Sevilla del TSJA, de fecha 7 de julio de 2010, por la que se le requiere a fin de que en el plazo de 4 días amplíe su Demanda contra todos los Sindicatos que puedan resultar afectados por su Demanda de Conflicto Colectivo. Y de conformidad con la Providencia del TSJA, ese sindicato amplia la Demanda contra los Sindicatos: APPRECE, APRESA, USO, USTEA, CGT y otra vez cita a ANPE, cuando en la demanda de origen sólo citaron a los Sindicatos de la Mesa Sectorial de Funcionarios, es decir: CC.OO., UGT, ANPE y SADI.

Después de haber estado 3 años pleiteando contra APPRECE, acusándonos y denunciándonos de que no éramos un sindicato, por fin, ese sindicato, el 7 de julio de 2010, reconoce en un escrito que APPRECE es un Sindicato. ¡Tres años ha tardado ese sindicato en reconocer una realidad legal¡...

3. Ya sólo nos queda esperar la Sentencia del Tribunal Supremo.

                                  Andalucía, 3 de noviembre de 2010

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado, mediante Auto notificado el día 28 de octubre, elevar definitivamente al Tribunal Constitucional, en el ámbito de su jurisdicción, las disposiciones referidas a la rebaja salarial al personal laboral del sector público, contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, de Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público. El Auto dictado admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada por CCOO.

La Sala confirma las consideraciones anticipadas en su Providencia del pasado 7 de octubre, con motivo del conflicto colectivo interpuesto por CCOO en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), Ente Público que cuenta en la actualidad con alrededor de 1.750 personas asalariadas.

El Auto dictado admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada por CCOO. De forma somera, en primera lectura y a la espera de un estudio más profundo, el motivo básico de inconstitucionalidad que aprecia, y sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, se refiere al hecho de que, conforme a la Constitución, un Real Decreto Ley no puede afectar, entre otras materias, a los derechos, deberes y libertades ciudadanas regulados en su Capítulo I, tal y como ocurre con el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, conculcada por el Gobierno. Estas materias están reservadas a la Ley.

Así, la Audiencia defiende que la ley puede modificar un convenio colectivo vigente, pero siempre que se respete el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, estando obligado a razonar pormenorizadamente un triple control: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, debiendo acreditar que es el único modo de alcanzar el fin perseguido legítimamente por la Ley, con el mínimo perjuicio o sacrificio de los derechos fundamentales que se vulneran.

Ello supone que el Real Decreto Ley cuestionado no dispone de habilitación para modificar lo pactado en un convenio colectivo estatutario mientras esté vigente, porque afecta directamente a los derechos fundamentales que se encuentran en juego en este conflicto.

También hace referencia, el auto, a la vulneración del derecho a la igualdad, recogido en el Artículo 14 de la Constitución Española.

Empleados Públicos a quienes puede afectar

La remisión al Tribunal Constitucional de las disposiciones recurridas no produce, aún, efectos materiales ni jurídicos inmediatos. No obstante, cuestiona su legalidad y la forma de su adopción, con claro desprecio de los derechos individuales y colectivos de quienes trabajan en el sector público.

Si bien este Auto se ciñe exclusivamente al ámbito de la FNMT, una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos aquí cuestionados podría afectar, de manera casi directa, a las más de 425.000 personas asalariadas en sociedades mercantiles, agencias y entes del sector público en sus diferentes ámbitos (estatal, autonómico o local). De hecho, ya se han celebrado, hasta la fecha, los juicios correspondientes a las demandas formuladas por CCOO en relación a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, que pueden generar, previsiblemente, autos de similar contenido a éste.

Igualmente, los elementos de fondo, que hacen a la Sala cuestionar la constitucionalidad de dichos artículos, serían también de aplicación al conjunto de empleados públicos (más de 1.000.000) sometidas a régimen laboral en las Administraciones Públicas y sus Organismos Autónomos. En total, más del 45% del conjunto del empleo del sector público.

También sirven de base para el cuestionamiento de la constitucionalidad de las disposiciones autonómicas locales aplicados en desarrollo del RDL 8/2010, en todo el Estado.

                                                    Andalucía, 28 de octubre de 2010

1. En estos 30 últimos años el Profesorado de Religión ha ido perdiendo, en gran medida, la conciencia de que forma parte de un grupo profesional que trabaja en España, con unos problemas específicos, cuyas soluciones, en primer lugar, tienen que venir de instancias nacionales y, en un segundo plano, tienen que completarse en la Comunidad Autónoma en la que se trabaja.

2. Que haya alternativa académica evaluable en el Bachillerato es un asunto de Estado, cuya solución tiene que venir del Ministerio de Educación y que afectará a toda España. Bienvenidas sean todas las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA., pero una Comunidad Autónoma no es competente para dar solución a ese problema.

3. En lo laboral tampoco la última palabra la tienen los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. sino el TRIBUNAL SUPREMO, cuyas sentencias afectan a toda España.

4. La atomización del Profesorado de Religión en diferentes sindicatos y con realidades sindicales tan diferentes en cada una de las Comunidades Autónomas, nos está llevando a una pérdida de tiempo muy importante, a unos gastos bastante elevados, y, lo que es peor, a crear ciertas expectativas, que no sabemos cómo acabarán hasta que no hable el Tribunal Supremo.

5. Es cierto que gracias a casos concretos, que pasaron por Juzgados de lo Social, luego por Recursos de Suplicación en Tribunales Superiores de Justicia y, finalmente, por los altos tribunales del Estado -Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional- se han mejorado algunas condiciones tanto de la Asignatura como del Profesorado de Religión. Pero siempre ha transcurrido casi una década hasta que se ha producido el cambio.

6. Los Sindicatos tienen en sus manos la posibilidad de interponer una Demanda de CONFLICTO COLECTIVO, que tiene prioridad en los Tribunales a los casos particulares y que deja en suspenso los que estén pendientes de sentencia, hasta que se produce el fallo del TRIBUNAL SUPREMO. Cuando se trata de un "conflicto del colectivo" este es el camino correcto.

7. En Andalucía llevamos 4 años con unas relaciones laborales con la Administración, en las que el desacuerdo es la norma por las reducciones de jornada que se producen todos los cursos. Varios letrados están dirigiendo las demandas individuales, con resultados tanto positivos como negativos en los Juzgados de lo Social y con Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tanto positivas como negativas, que han sido recurridas al Tribunal Supremo por unos o por otros y a la espera de que sentencie el Supremo están la mayoría de los que hace unos años comenzaron la andadura de la via judicial para defender sus derechos laborales individuales.

8. Como bien dijo el Presidente de la Sala de Málaga del TSJA, cuando se producen estas situaciones, que afectan a un colectivo, hay que empezar por resolver primero el Conflicto Colectivo para resolver luego los casos individuales. Y no al revés.

9. El Sindicato APPRECE, consciente del poder que la Ley le reserva a los sindicatos para interponer demandas de Conflicto Colectivo, tras los estudios oportunos, en un Pleno de su Junta Directiva, acordó por unanimidad interponer una Demanda de Conflicto Colectivo, que pasó por el SERCLA, sin un posible acuerdo, por la incomparecencia de la Administración y que obligó a llevarla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Turnada a la Sala de Málaga, esta dictó sentencia favorable a las actuaciones de la Administración.

10. Comunicada la Sentencia a las partes -a todos los sindicatos personados en la causa y a la Administración- se nos dio un plazo de 10 días para anunciar si se recurría la sentencia del TSJA al Tribunal Supremo.

a) Si no se recurría se haría firme la Sentencia del TSJA, Sala de Málaga, del 29 de abril de 2010, y la Consejería de Educación tendría las manos libres para modificar los contratos indefinidos contando con el apoyo del TSJA.

b) El Sindicato APPRECE es el ÚNICO que ha impedido que adquiera firmeza esa Sentencia y ha obligado a que sea el Tribunal Supremo el que dicte la doctrina definitiva y a que lo haga en el menor tiempo posible para que todos sepamos lo que tenemos que hacer según Ley.

¡QUIEN NO SEPA VALORAR ESTE RECURSO DE APPRECE, CUYA SENTENCIA VA A AFECTAR A TODO EL PROFESORADO DE RELIGIÓN DE ESPAÑA ES QUE SÓLO ESTA PENDIENTE DE LO SUYO¡

1. La  que fue Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en el Decreto 528/2004 reconocía la antigüedad de los funcionarios que habían sido interinos o laborales, pero el TSJA anuló parcialmente ese Decreto, porque entendió que era "desproporcionada" la valoración de la antigüedad de los servicios previos como interinos o laborales. "Tendrá un peso excesivo, hasta colocarles en situación preferente en la suma total de la puntuación y por tanto con muchas más posibilidades de obtener plaza" dicen las sentencias del TSJA.

2. El Tribunal Supremo anula los fallos del TSJA por "falta de motivación" ya que no explica "por qué razón" es contrario a los artículos 23.2 y 14 de la Constitución -derecho de acceso en condición de igualdad a las funciones y cargos públicos y el principio de igualdad ante la ley- "tener en cuenta en los procesos de promoción interna la antigüedad" de los funcionarios, en un porcentaje que oscila entre el 20 y el 30 por ciento de la puntuación total.

3. Las sentencias del TSJA son de los años 2006 y 2007. La Junta, aunque no eran firmes, las dio por buenas y las venía aplicando, a pear de que la propia Administración andaluza las había recurrido en casación.

4. El Tribunal Supremo da la razón al sindicato USTEA, que mantiene una larga batalla judicial y administrativa para conseguir que la Junta valore el trabajo como interino o laboral de los funcionarios, tanto para la promoción interna, como en el concurso de méritos.

USTEA mantiene 16 recursos de casación sobre este conflicto. Las sentencias del Tribunal Supremo son de fechas 26 de abril, 21 de junio y 30 de junio de 2010. Afectan, según los cálculos del propio sindicato, a unos 20.000 funcionarios de la Junta, ya que alrededor del 80 % de los empleados públicos de la Junta cuentan con servicios previos reconocidos como interino o laboral.

5. En toda España la antigüedad se valora completa, menos en Andalucía. ¿Cómo arreglan ahora en la Junta de Andalucía el desaguisado de varios años?...

¿Puede ocurrir algo similar con el Profesorado de Religión cuando contemos con el fallo del Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA de Conflicto Colectivo recurrida en Casación por APPRECE?...

Los trámites judiciales de la Sala de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los que hay que hacer ante el Tribunal Supremo se van cumpliendo con sus plazos correspondientes.

Adjuntamos el escrito de PERSONACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO que APPRECE presentó el día 23 de junio de 2010. (El plazo de los 15 días finaliza el día 29 de junio).

Los Recursos de Casación son el número 90/2010, que es el de APPRECE y el número 93/2010, que es el de USO.

APPRECE se persona ante el Tribunal Supremo como parte recurrente en el RECURSO DE CASACIÓN ordinario preparado en tiempo y forma ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Málaga, recurso interpuesto contra la Sentencia de 29 de abril de 2010, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 207 y 208 de la Ley de Procedimiento Laboral.

La Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo responderá ahora al escrito presentado por APPRECE y dará un plazo de unos 10 días para que presente el Recurso de Casación.

Informaremos cuando se produzca el acto judicial del Tribunal Supremo. Y también publicaremos para conocimiento de todos el Recurso de Casación.

Ya está claro para todo el Estado de Derecho que la sentencia de Málaga está recurrida oficialmente por APPRECE ante el Tribunal Supremo y, por tanto, no es firme, por lo que nadie puede argumentar con el fallo de dicha sentencia, porque todo el mundo tiene que esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Adjuntamos el Escrito de Personación con el Sello del registro de entrada del Tribunal Supremo con fecha 24 de junio de 2010.